El nombramiento de Andrés Guzmán, un abogado especializado en ciberdelitos en Colombia, como comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador ha generado controversia y críticas por diversas razones.
En primer lugar, Guzmán carece de experiencia en temas de derechos humanos y conocimientos sobre la política salvadoreña. Esta falta de experiencia plantea dudas sobre su capacidad para abordar y promover los derechos fundamentales en un país que enfrenta graves problemas de violaciones de derechos humanos, como torturas, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en el marco de la lucha contra las pandillas.
Además, la trayectoria profesional de Guzmán se ha centrado principalmente en asesorías sobre delitos cibernéticos y ha estado vinculada a casos mediáticos relacionados con la derecha colombiana. Esto plantea interrogantes sobre su imparcialidad y su capacidad para abordar de manera efectiva los derechos humanos y la libertad de expresión en un contexto político y social complejo como el de El Salvador.
La designación de Guzmán como comisionado de Derechos Humanos también ha sido interpretada como una estrategia del presidente Bukele para justificar y respaldar su política criminal, basada en medidas excepcionales para enfrentar la violencia y el crimen organizado en el país. Bukele ha defendido su enfoque autoritario argumentando la necesidad de una «guerra excepcional», pero esta postura ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.
La falta de transparencia en el proceso de selección y la ausencia de consulta con organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil también han generado críticas hacia el gobierno de Bukele. El nombramiento de Guzmán parece ser un reflejo de la falta de compromiso real con los derechos humanos y la libertad de expresión por parte de la administración actual.
En resumen, el nombramiento de Andrés Guzmán como comisionado de Derechos Humanos en El Salvador plantea serias dudas sobre su idoneidad y su capacidad para abordar de manera efectiva las violaciones de derechos humanos y promover la libertad de expresión. Su falta de experiencia y su vinculación previa con casos relacionados con la derecha colombiana generan preocupaciones sobre su imparcialidad. Además, su designación parece ser utilizada como una estrategia para respaldar la política criminal del presidente Bukele, lo que socava la independencia y la integridad de la comisión de derechos humanos en el país.