LA JUSTICIA COJEA EN COLOMBIA, pero llega en Estados Unidos, donde el poderoso Grupo Aval acaba de ser hallado responsable de asociarse con la corrupta ODEBRECHT, para ganarse los más jugosos contratos de obra civil en Colombia, durante el Gobierno de SANTOS, pagando millonarios sobornos a políticos y funcionarios, con dineros que circularon por el sistema bancario y financiero del país norteamericano.
Son CUARENTA MILLONES DE DÓLARES (40) lo que el Grupo AVAL debe pagarle al Gobierno de Estados Unidos, para que el DEPARTAMENTO DE JUSTICIA de ese país cese el proceso legal abierto en su contra, en el que ya lo encontró responsable de haber movido gruesas sumas de dinero sucio en bancos de ese país.
La figura de ese pago anticipado en Estados Unidos, equivale a lo que en Colombia se conoce como “Fianza”, que es la forma en que un Estado asegura el pago de una indemnización, cuando una persona o empresa es hallada culpable y está a punto de ser condenada.
El Departamento de Justicia publicó la noticia en su página oficial
Efectos en Colombia
Este fallo de responsabilidad contó con la operación directa del FBI de Estados Unidos, cuyos agentes se encargaron de recaudar el acervo probatorio y rastrear los dineros que el Grupo AVAL movió en el sistema financiero del país del norte, en el entendido de que se trató de dineros sucios, producto de graves delitos.
Según expertos, el histórico fallo de la Justicia Estadounidense seguramente tendrá efectos legales en Colombia, donde la Fiscalía, jueces y altas cortes, por el contrario, han dejado dormir “el sueño de los justos” los expedientes, llenando de impunidad el escandaloso caso de sobornos internacionales.
Por ejemplo, recientemente el Consejo de Estado emitió un fallo favorable al mismo Grupo Aval, dentro del mismo escándalo, que lo exonera de pagar una millonaria multa por haberse aliado con ODEBRECHT para que la multinacional brasilera se ganara los contratos en Colombia.
Algunos sectores ya reclaman que la justicia colombiana se allegue a las pruebas que sirvieron de base para la condena en Estados Unidos, para que obre como indicio de cargo contra quienes aún siguen cobijados con la impunidad, pues fueron absueltos “de forma express” por jueces y magistrados.
A responder por lavado?
Así las cosas, los directamente salpicados con la decisión “gringa” serían el propio LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO y su hijo, así como la compañía de su propiedad “CORFICOLOMBIANA”, socia directa de ODEBRECHT; también el abogado de la empresa, el ex fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, quien, según se denunció, desde su cargo lo que hizo fue desviar las investigaciones hacia otros mandos medios, de tal forma que sus patronos directos no cayeran en las redes de las investigaciones, pese a las múltiples pruebas testimoniales y documentales.
El Exfiscal Martínez, en líos con el FBI?
Cabe recordar que uno de los testigos “estrella” de este proceso contra CORFICOLOMBIANA, el inspector del contrato JORGE PIZANO, murió en extrañas circunstancias, que aún son motivo de pesquisas, pues se teme que haya sido envenenado con cianuro, luego de revelar que tenía en su poder pruebas de múltiples delitos cometidos por el Grupo AVAL, que además salpican al mismísimo abogado NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ a quien, precisamente, el difunto PIZANO alertó de las condutas ilegales cometidas por los SARMIENTO ANGULO.
La decisión
Este portal obtuvo copia de la decisión traducida al español, en la que se leen claramente las pruebas y los argumentos de las autoridades estadounidenses, y de cuya lectura se deduce que el Grupo AVAL fue hallado responsable y que fue obligado a pagar la millonaria suma de 40 millones de dólares, so pena de ser llevado a juicio criminal y exponerse a consecuencias legales aún más graves. Aquí, los apartes más reveladores:
Facsímil del fallo del D.J
“La Corporación Financiera Colombiana SA (Corficolombiana), una institución colombiana de servicios financieros, acordó pagar más de $80 millones para resolver investigaciones paralelas de soborno por parte de autoridades penales, civiles y administrativas en los Estados Unidos y Colombia derivadas de la participación de la empresa en un plan para pagar millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno de Colombia.
Según documentos judiciales, Corficolombiana celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA, por sus siglas en inglés) de tres años con el Departamento, en relación con una información penal presentada en el Distrito de Maryland, acusando a la empresa de conspiración para violar la disposición antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Ley (FCPA). Corficolombiana era propiedad mayoritaria y estaba controlada por Grupo Aval Acciones y Valores SA, un holding colombiano y emisor en los Estados Unidos.
Según documentos judiciales, entre 2012 y 2015, Corficolombiana conspiró para ofrecer y pagar más de $23 millones en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano para ganar un contrato para construir y operar una autopista de peaje conocida como la Extensión Ocaña-Gamarra. . Corficolombiana conspiró con Odebrecht SA (Odebrecht), un conglomerado global de construcción con sede en Brasil, para pagar sobornos a funcionarios del gobierno colombiano en los poderes ejecutivo y legislativo y a un ejecutivo de la agencia estatal de infraestructura de Colombia, con el fin de obtener los derechos para construir y explotar la Ampliación Ocaña-Gamarra. Para llevar a cabo el esquema de soborno, Corficolombiana hizo que otras entidades celebraran contratos ficticios con empresas asociadas con intermediarios que traspasaban los pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano. En última instancia, Corficolombiana obtuvo aproximadamente $28,63 millones en ganancias del negocio obtenido de manera corrupta.
“Corficolombiana, junto con sus co-conspiradores, acordaron pagar más de $20 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales de alto rango en todo el gobierno colombiano para ganar un proyecto de infraestructura masivo”, dijo la Fiscal General Auxiliar Interina Nicole M. Argentieri del Departamento de Justicia. División Penal. “La resolución de hoy, la primera coordinada con las autoridades colombianas en un caso de soborno transnacional, refleja el compromiso del Departamento de Justicia de trabajar hombro con hombro con nuestros socios extranjeros para combatir la corrupción transnacional y responsabilizar a las empresas que descaradamente pagan sobornos para obtener ganancias económicas. ”
La confesión del Grupo Aval
“Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante esquema de soborno en el extranjero, y por eso está siendo responsabilizada”, dijo el Fiscal Federal Erek L. Barron para el Distrito de Maryland. “Según la DPA, la empresa está pagando una sanción penal sustancial y continuará cooperando con los Estados Unidos en las investigaciones penales relacionadas con esta conducta. Mi oficina se complace en ser parte de esta primera acusación conjunta por soborno de la FCPA con las autoridades colombianas”.
De conformidad con el DPA, Corficolombiana pagará una sanción penal de $40,6 millones. La Secretaría acordó acreditar hasta la mitad de esa sanción penal contra el dinero que la empresa y su subsidiaria, Estudios y Proyectos del Sol SAS (Episol), pagaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, por violaciones a las leyes colombianas relacionadas a la misma conducta, siempre y cuando la empresa y Episol desistieran de sus recursos de apelación contra la resolución de la SIC. Además, Corficolombiana pagará más de $40 millones en intereses de restitución y anticipación como parte de una resolución de la investigación paralela de la SEC.
Corficolombiana también acordó continuar cooperando con el Departamento en cualquier investigación criminal en curso o futura relacionada con esta conducta. Además, en virtud del acuerdo, Corficolombiana acordó continuar mejorando su programa de cumplimiento y proporcionando informes al Departamento sobre la remediación y la implementación de medidas de cumplimiento durante la vigencia del DPA.
“La resolución de hoy muestra que la justicia tiene un alto precio para aquellos que intentan sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros”, dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI. “Esquemas como estos violan la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y son un intento de socavar fundamentalmente el espíritu de competencia económica. El FBI se dedica a proteger la integridad del mercado global, lo que significa investigar los sobornos de cualquier monto y prevenir la corrupción de los funcionarios en todos los niveles”.
El Departamento llegó a esta resolución con Corficolombiana con base en una serie de factores, que incluyen, entre otros, la naturaleza y gravedad del delito. Corficolombiana recibió crédito por su cooperación con la investigación del Departamento, lo que incluía (i) proporcionar oportunamente los hechos obtenidos a través de la investigación interna de la empresa; (ii) hacer numerosas presentaciones fácticas detalladas que extrajeron cierta información fáctica clave; (iii) producir documentos a los que el gobierno de otro modo no hubiera tenido acceso de manera que no implicara leyes extranjeras de privacidad de datos; (iv) brindar testimonio bajo juramento de los procesos administrativos y penales colombianos de testigos relevantes a quienes el gobierno no pudo entrevistar de manera independiente; (v) identificar proactivamente información previamente desconocida para el gobierno; y (vi) recopilar y producir voluminosos documentos y traducciones relevantes, incluidos documentos ubicados fuera de los Estados Unidos”
Por último, el documento revela que esta decisión contó con la colaboración de la propia Fiscalía Colombiana y de la Superintendencia de Industria y Comercio, que aportaron pruebas al FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, se trataría de las mismas pruebas con las que, en Colombia, no ha sido posible procesar y sancionar a las cabezas visibles del Grupo Aval.