NADA MENOS QUE LA Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los máximos órganos rectores de observancia y defensa de los Derechos Humanos, entró a terciar en la coyuntura desatada en Colombia ante la demora de la Corte Suprema, en elegir a la nueva Fiscal General, en reemplazo del muy cuestionado FRANCISCO BARBOSA, quien este martes dejó el cargo en medio de múltiples señalamientos de corrupción y favorecimiento a narcos y delincuentes “de cuello blanco”.
De la comunicación de la CIDH, se deduce que la demora de la Corte Suprema en esta elección, pese a que desde hace varios meses recibió del presidente PETRO la terna con los nombres de tres destacadas juristas, podría en peligro la institucionalidad del país, al quedar bloqueado el normal curso de importantes procesos contra bandas delincuenciales, narcos y funcionarios corruptos.
Terna intachable
“A la mayor brevedad”
El siguiente es el texto del comunicado oficial que la CIDH difundió al mundo este martes, luego de que las autoridades colombianas de Policía desmintiera a los medios de Comunicación de la Derecha afines al uribismo, certificando que ninguno de los magistrados de la Corte Suprema estuvo en riesgo físico, durante las manifestaciones sociales de miles de colombianos que salieron a las calles y frente al Palacio de Justicia, pidieron a gritos que se elija al próximo Fiscal General.
La comunicación de la CIDH
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue de cerca el proceso de selección de la nueva persona Fiscal General de la Nación de Colombia. En este marco, recuerda que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano.
Según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023. Esto tras el envío oportuno por parte de la Presidencia de la República de una terna integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo, el 2 agosto pasado. Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior Fiscal General.
En ese contexto, el 8 de febrero, se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país que, con excepción de momentos de desorden en Bogotá y Medellín, fueron catalogadas como pacíficas, según información presentada por el Estado. En relación a las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del Palacio de Justicia, el Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalías. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas.
La CIDH registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia.
En esta oportunidad, la Comisión destaca que la Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía.
Según los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, el proceso de selección debe realizarse, con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito. Además, dicho proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas.
Por lo tanto, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Finalmente, hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones.
La Comisión toma nota del compromiso presentado por el Estado de que, a través del Poder Ejecutivo, se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad”.
Magistrados en la lupa
En la misma comunicación, la CIDH anunció que continuará monitoreando esta situación (Proceso de elección) del Fiscal General) con el apoyo de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que tiene asiento en nuestro país desde, en apego a los convenios firmados por el Estado Colombiano, trasladados a la Constitución Política..
Vale la pena aclarar que este llamado que hace la CIDH, es de transcendental importancia, en el entendido de que se trata de un órgano de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por el pleno de la Asamblea General de la OEA, quienes representan a sus países de origen.
De hecho, la Justicia colombiana, es decir las altas Cortes, tribunales superiores, jueces y fiscales, están obligados a acoger las observancias de la CIUDH, a la hora de aplicar justicia en casos de evidentes violaciones a los Derechos Humanos.