EL NOMBRE DEL EMPRESARIO de origen israelí ALBERTO AROCH MUGABRI saltó a la palestra pública, pocos meses después de que SANDRA MORELI asumiera como contralora general, por cuenta del oneroso contrato de arrendamiento que el poderoso ciudadano extranjero firmó con la funcionaria, para que en el ala sur del Centro Comercial “Gran Estación” de Bogotá, funcionara la sede de ese órgano de control.
El entonces fiscal general EDUARDO MONTEALEGRE impulsó una investigación penal para establecer si se presentaron sobrecostos en dicho contrato pues, al parecer, el valor de arriendo estaba por encima del canon considerado “ajustado” para el estrato social de ese sector de la capital del país.
El edificio que Aroch le arrendó a la Contraloría
La apertura de la investigación contra MORELLI, desató un fuerte enfrentamiento público entre ella y el entonces fiscal MONGTEALEGRE, y el nombre del empresario israelí quedó incrustado en la mitad de los dos bandos, lo que de rebote llevó a que fuera investigado por varios delitos, entre ellos Enriquecimiento Ilícito y otros derivados de su actividad como comerciante de textiles, exportador e importador.
A la cárcel
El empresario, entonces de 55 años, considerado uno de los textileros más exitosos del país, comenzó a ser investigado por sus presuntos vínculos con la familia GUBEREK GRIMBERG, cuyos nombres fueron incluidos en la “Lista Clinton” por, supuestamente, hacer parte de una organización dedicada al blanqueo de dinero mediante negocios ilícitos.
El día que fue capturado
AROCH MUGABRI, fue señalado por la Fiscalía de liderar una red de 11 empresas que al parecer movieron más de $400 mil millones desde el año 2002. Un informe de Policía Judicial indicó que se realizaron transacciones ficticias entre las fachadas, entre las que estaban “Moda Sofisticada” y “Blu Fashion”, al parecer de su propiedad. En medio de las pesquisas se descubrió que el modus operandi para lavar dinero era a través de exportaciones ficticias a Venezuela, un país donde tenían socios con otras empresas de papel y que aprovechando el cambio de moneda y el contrabando podían inflar los números.
Con tales indicios contables, el empresario, también conocido en su círculo social como “ABBI”, fue enviado a la cárcel, y acusado de varios delitos que él y sus abogados negaron insistentemente. Paralelo a ello, la misma Fiscalía inició en su contra un proceso de Extinción de Dominio, que terminó con la ocupación y pérdida de varios d e sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y títulos valores.
Sin embargo, años después, en el 2023, un Tribunal Superior declaró su inocencia en el tema de la adquisición de los bienes, devolviendo parte de ellos a su propietario, pues no se encontraron pruebas que indicaran que los adquirió a través de la comisión de delitos.
Las cuentas aún pendientes con la justicia.
Estas son las anotaciones del SPOA Fiscalía
Trece denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y el mencionado encarcelamiento, figuran en el prontuario judicial del empresario Israelí, el textilero señalado de Lavado de Activos, Enriquecimiento Ilícito y otras denuncias relacionadas con amenazas contra terceros.
En el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía (SPOA) hay radicadas 13 denuncias por las conductas punibles de
Lavado, Contrabando, Falsedad en Documento Privado, Peculado por Apropiación, Contrato sin cumplimiento de requisitos, Falso Testimonio, Enriquecimiento Ilícito de particulares, Amenazas, Administración Desleal y Fraude Procesal.
En 2016 al resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General, un juez de conocimiento, revocó la decisión de primera instancia y envió a la cárcel La Picota al empresario, procesado en ese momento por Lavado de Activos, Enriquecimiento Ilícito y Concierto para Delinquir.
En diligencia judicial en diciembre de 2015 el empresario aceptó su responsabilidad en el delito de Enriquecimiento Ilícito, al tiempo que se declaró inocente frente a los cargos de Lavado de Activos y Concierto para Delinquir.
El empresario y la Contralora
La ex contralora Morelli
Como se indicó al comienzo de esta nota, el nombre del empresario Israelí estuvo vinculado al escándalo del multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación a la Contraloría General durante la administración de Sandra Morelli. Según la Fiscalía de la época, el inmueble arrendado pudo haber sido adquirido con dineros ilegales.
En 2009 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportó movimientos sospechosos en las cuentas y empresas de AROCH MUGRABI, en especial con integrantes del clan GUBEREK, una familia señalada por las autoridades estadounidenses de hacer parte de una red de lavado activos provenientes del narcotráfico.
En total, la Fiscalía dijo que el ilícito habría superado los 400.000 millones de pesos a través de diferentes empresas pertenecientes al señor AROCH MUGRABI.
Actualmente, el empresario se encuentra en libertad porque ya pagó la mayor parte de la pena a la que fue condenado. De sus nuevas actividades económicas y comerciales, poco se sabe.