Los medios tradicionales, especialmente los llamados «grandes medios» publicarán que murió uno de los más grandes constructores del país, el pionero, y pondrán como ejemplo a los «Unicentro», La Estación y algunas urbanizaciones en grandes capitales del país. Y es cierto, pues el gran constructor fue merecedor de premios otorgados por asociaciones gremiales especializadas, del sector de la Arquitectura y la Construcción.
Pero detrás de su grandeza como constructor y pionero de los grandes centros comerciales, se esconden historias que menguan su imagen, como quiera que estuvo ligado a escándalos relacionados con una capo del narcotráfico y con la corrupción que rodeó la reconstrucción de la población de Armero, Norte del Tolima, arrasada por una avalancha que se originó del desprendimiento de bloques de hielo por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, en 1985, tragedia que borró del mapa este municipio, dejando más de 25 mil muertos, docenas de desaparecidos, niños robados y sobrevivientes que quedaron en la ruina.
En «Resurgir» surgió la corrupción
El entonces presidente de la República BELISARIO BETANCUR nombró al señor BARRERO GÓMEZ como gerente de una entidad creada a las carreras, con la finalidad de reconstruir a Armero y sacar a flote a los sobrevivientes, dándoles una nueva residencia digna y mejor que la perdida.
Entonces comenzó otra avalancha, la de los dólares que llegaron al país provenientes de otros gobiernos, de Norteamérica y de Europa, para ayudar en esa causa. Fueron millones de dólares lo que recibió RESURGIR, presidida por el hoy difunto constructor. También llegaron miles de miles de elementos, droga, comida, vestidos, carpas, etc, necesarios para que los sobrevivientes soportaran las primeras semanas post tragedia.
Estudios e investigaciones que se abrirían tiempo después, concluyeron que gran parte de tales ayudas se perdió, primero por el caos institucional que se formó, porque de todas partes se impartían órdenes y, segundo, porque nadie llevó un control preciso y juicioso de las ayudas que llegaron y la forma como debían entregarse.
Igual ocurrió con el dinero, que en varios casos se desvió a cuentas diferentes y en otros no se invirtió debidamente, lo que perjudicó la reconstrucción del pueblo. Aunque se construyeron casas nuevas en el vecino municipio de Guayabal, donde finalmente quedó asentado el nuevo ARMERO, la ruta del total del dinero fue imposile de ser monitoreada y rastreada.
La Procuraduría General de entonces abrió varias investigaciones que terminaron en pocas sanciones, a mandos medios, pero sin tocar a las cabezas más visibles de RESURGIR, entre ellas el señor GÓMEZ BARRERO, y el ministro de Minas de la época IVÁN DUQUE ESCOBAR, padre de quien décadas después sería elegido presidente de la República. Ningún alto funcionario fue sancionado, ni siquiera por OMISIÓN, pues la tragedia había sido advertida por científicos y expertos desde años, meses, semanas y días antes.
El constructor y el Papero y el general
El nombre de Marco Antonio Gil, un aparente próspero empresario del sector informal de CORABASTOS, salió a relucir con fuerza públicamente, cuando varios informes de Policía Judicial, de la DEA y de la Fiscalía colombiana, lo salpicaron con el negocio del narcotráfico y el lavado de activos. Las autoridades lo rotularon con el alias de «El Papero», pues ese era su negocio legal en la central de abastos más grande del país: vender papa por bultos proveniente de Boyacá.
El nuevo desconocido hombre de la mafia fue capturado, sus bienes incautados y terminó acusado por delitos relacionados con el narcotráfico, Enriquecimiento Ilícito y el lavado de activos, y posteriormente condenado a más de seis años de prisión, de donde salió por pena cumplida.
Marco Antonio Gil, «El papero», el día de su captura
De su captura se originaron varios procesos contra sus testaferros y personalidades de la vida pública nacional, que al parecer habían prestado sus nombres para lavar el dinero ilegal de «El papero». Entre esos ilustres nombres figuraron el general de la Policía FLAVIO BUITRAGO, jefe de seguridad del presidente ÁLVARO URIBE y el ya famoso y poderoso constructor PEDRO GÓMEZ BARRERO.
La Orden de captura
Un fiscal antimafia del búnker de la Fiscalía, tuvo firmada la resolución mediante la cual se ordenaba vincular al señor GÓMEZ BARRERO como miembro de la red de lavado de «El papero», llamándolo a indagatoria y con la posibilidad jurídica de librarle orden de captura, e incluso, llevarlo a la cárcel, en caso de que no pudiera refutar las pruebas que lo vinculaban con el narco, consistentes en una transacción de compra y venta de uno de los locales del centro comercial UNICENTRO de Bogotá.
Pero sorpresivamente, el fiscal del caso fue separado de la investigación y trasladado de Bogotá a Neiva, donde debió enfrentarse a las bandas criminales del sur del país, es decir que pasó de tener un proceso en su oficina de Bogotá, a arriesgar su vida ante las guerrillas y los paramilitares.
El fiscal presentó tutela para obligar a la Fiscalía a que lo reubicara de nuevo, y entre los argumentos y pruebas expuso la forma como su jefe inmediata lo obligó a cambiar el sentido de su decisión que vinculaba al constructor al proceso penal. El valiente fiscal se negó a echar para atrás su decisión, razón por la que fue trasladado de forma abrupta.
Hoy día, el funcionario judicial es uno de los fiscales más reconocidos por el gobierno de Estados Unidos, en su lucha contra el narcotráfico, como quiera que su gestión ha servido para desmantelar grandes empresas criminales de este flagelo, así como los vínculos de estos capos con oficiales de la Policía y el Ejército.