El Vaticano Nacionaliza sus Bienes y Propiedades en un Intento por Garantizar su Gestión Adecuada
El papa Francisco ha tomado una decisión importante para asegurar la correcta gestión de los activos de la Iglesia Católica. En una nueva ley publicada el jueves 23, el Papa ha nacionalizado todos los bienes y propiedades del Vaticano convirtiéndolos en “patrimonio soberano” de la Santa Sede. De esta forma, todos los activos dependientes de diferentes oficinas o instituciones afiliadas pasan a estar bajo el control exclusivo del líder de la Iglesia Católica.
La iniciativa es la última de una serie de medidas tomadas por el Papa Francisco para centralizar los activos y responder a las críticas internas y externas sobre enormes pérdidas y delitos penales por malversación. Previamente, Francisco ya se había hecho del control de una cartera de 600.000 millones de euros que estaban bajo el control de la Secretaría de Estado del Vaticano.
La Secretaría de Estado del Vaticano, que se ocupa de todas las funciones políticas y diplomáticas de la Santa Sede, estuvo envuelta en un escándalo financiero por una inversión en 2014 de 350 millones de euros en el mercado de inmuebles de Londres. La Iglesia controlaba indirectamente un edificio comercial en el barrio de Chelsea, que finalmente vendió en julio de 2022 a la firma Bain Capital con una pérdida total de 210 millones de euros.
El control centralizado de los bienes y propiedades del Vaticano es una medida importante para evitar futuros escándalos financieros y garantizar la gestión adecuada de los activos de la Iglesia Católica. Con esta ley, todos los bienes y propiedades del Vaticano están ahora bajo la autoridad del Papa Francisco, lo que debería asegurar una gestión más transparente y responsable.
Esta medida también refleja el compromiso del Papa con la reforma financiera y la lucha contra la corrupción en el Vaticano. En los últimos años, la Santa Sede ha intensificado sus esfuerzos por combatir la corrupción y mejorar la transparencia en sus operaciones financieras.
La nueva ley establece que todos los bienes, valores y propiedades adquiridos por cualquier oficina del Vaticano o institución afiliada son propiedad de la Santa Sede y solo se confían a los departamentos si se destinan a satisfacer las necesidades universales de la Iglesia para cumplir su misión. La intención es poner fin al funcionamiento de las diferentes congregaciones y organismos como “cajas negras” sin control de las autoridades centrales.
La nueva ley también enfatiza en la misión de la Iglesia Católica, lo que está en línea con la decisión del Papa actual en 2022 de prohibir las inversiones especulativas y limitar los negocios del Vaticano a las industrias que promuevan el bien común. La Santa Sede ha vetado sectores como la pornografía, la prostitución, el juego y las armas, así como los combustibles fósiles y la minería.
En conclusión, la nacionalización de los bienes y propiedades del Vaticano es una medida importante para garantizar la correcta gestión de los activos de la Iglesia Católica y prevenir futuros escándalos financieros. La iniciativa refleja el compromiso del Papa Francisco con la reforma financiera y la lucha contra la corrupción en el Vaticano.