Desde el momento en que en las redes sociales empezaron a aparecer las fotografías de un magistrado de la JEP desempolvando huesos humanos extraídos del sector conocido como «La Escombrera«, de la Comuna Trece de Medellín, se les dañó el sueño a varios de los considerados uribistas «Pura sangre».
Empezando por el mismísimo ÁLVARO URIBE, pasando por su entonces Mindefensa MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, y su general «estrella» y consentido MARIO MONTOYA, hasta el hoy alcalde de Medellín FEDERICO GUTIÉRREZ, pasan «tragos amargos» en esta época navideña, cada vez que aparecen nuevos restos óseos en las excavaciones, pues se trata de hallazgos que probarían, sin atenuantes, que la «Operación Orión» del gobierno de la «Seguridad Democrática», en realidad sí se trató de una masacre contra la población civil.
El magistrado Gustavo Salazar, analiza los restos
LA TIERRA HABLÓ, se lee en las redes sociales, luego de que la JEP anunciara el hallazgo de los primeros restos humanos en la llamada «Escombrera«, un sector de la Comuna Trece de Medellín tomada a sangre y fuego por Policía y Ejército, por orden de ÁLVARO URIBE, en su afán por demostrar resultados de su «Seguridad democrática» para erradicar brotes subversivos.
Desde cuando familiares de los muchos desparecidos en medio de dichos operativos hicieron conocer sus denuncias, los señalados en participar activa y pasivamente en la denominada «Operación Orión» se resistieron a aceptar su responsabilidad y, por supuesto su participación, en lo que ha sido considerado «una masacre estatal» contra inocentes que fueron declarados como «subversivos», o a sus auxiliadores, de grupos subversivos.
El primero en «revirar» fue el propio expresidente URIBE, en una puesta en escena en una de las primeras calles de la Comuna Trece, desde donde salió a leer un corto comunicado en el que, no solamente justifica la actuación de su Gobierno y resalta los resultados de la «Operación Orión«, sino que aprovecha para meter en «el mismo costal» de responsabilidades a todo el Estado, diciendo que participaron Ejército, Policía, Fiscalía y CTI.
URIBE fue más allá, atribuyendo los hallazgos de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), a una trinca política en su contra, de la que también, según asegura, hacen parte el expresidente JUAN MANUEL SANTOS y el actual jefe de Estado GUSTAVO PETRO, «con fines electorales».
LA ESCOMBRERA, símbolo de los horrores del conflicto armado, ha sido señalada durante años como un lugar de inhumación clandestina de víctimas desaparecidas en medio de la violencia que azotó a Medellín en los 2000, y como un reflejo de lo que en esa misma época ocurría en gran parte del país. Ha sido de tal magnitud el impacto de la Operación Orión, en materia de violación de Derechos Humanos, que ante el mundo, La Escombrera se conoce como «La Fosa Común a Cielo Abierto» más grande del país.
Familias de las víctimas
Desde cuando iniciaron las denuncias de los familiares, concretamente las madres y esposas de las victimas, en su mayoría hombres, se habla de 500 personas desaparecidas después de los operativos. El hallazgo de los restos de los primeros dos cuerpos, confirmaría la sospecha: Los asesinatos fueron perpetrados allí mismo, y los muertos arrojados a fosas comunes.
De entrada, los hallazgos confirmaría que, además del delito de Desaparición Forzada, se estaría configurando el de Homicidio en Persona Protegida. Se trata de dos delitos que a la luz de la normatividad penal e internacional vigentes, son considerados de «Lesa Humanidad«. Es decir, no prescriben. Es decir, los posibles autores pueden ser juzgados en el momento en que se les señalen los cargos, sin importar el tiempo transcurrido.
El entonces presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ, como cabeza de sus generales del Ejército y de la Policía de la época, encabezan la lista de los posibles autores y/o determinadores de tales delitos. Corresponde a la JEP determinar e individualizar a esos responsables y, en caso de que así sea, instarlos a que cuenten sus verdades, esclarezcan los hechos y asuman sus responsabilidades legales, e indemnicen a los familiares de las víctimas. En caso contrario, quedarían expuestos a la justicia ordinaria, donde las penas podrían llegar hasta los 40 años de cárcel, sin ningún tipo de atenuante.
Paras y Fuerza Pública, unidos
La famosa foto muestra al paramilitar señalando «objetivos»
También, desde un principio, se hicieron públicos algunos indicios que apuntan a los altos mandos militares de la época, tanto de Ejército y de Policía, como autores materiales que ejecutaron la atroz toma, que demás estuvieron orientados e instigados por jefes paramilitares. De hecho, existen fotografías que muestran a varios hombres encapuchados vestidos de camuflaje, operando al lado de los mandos militares, señalando y apuntando su dedo acusador hacia los lugares donde, según ellos, se escondían los supuestos auxiliadores de la guerrilla en la Comuna Trece.
El grl Montoya, condecorado por Uribe
Uno de tales guías paramilitares, ya confesó que hizo pate de la arremetida militar y aceptó, incluso, que se trata de uno de los encapuchados que acompañó a los policías y militares en los operativos. De hecho, se espera que, en los próximos días, el exjefe paramilitar alias «Don Berna», confirme desde una cárcel en Estados Unidos, que bajo sus órdenes los hombres civiles encapuchados hicieron parte de la atroz masacre.
En principio, ya se ha señalado al general MARIO MONTOYA, entonces comandante de la Brigada en Medellín, y quien más tarde llegaría a ser comandante del Ejército, en el gobierno de ÁLVARO URIBE, su mentor y protector de los últimos 20 años. Este general también está gravemente señalado en los llamados Falsos Positivos.
«De esta no te salvas»
Caricatura del Gran «Matador»
Juristas destacados consideran que, comparado con otros graves casos de violaciones de Derechos Humanos atribuidos a la llamada «Seguridad Democrática» de ÁLVARO URIBE, los hallazgos de La Escombrera revisten mayor implicación legal, en el entendido de que se trata de delitos de Lesa Humanidad, que no prescriben con el paso del tiempo.
Pero, en lo que más enfatizan los conocedores, es en el hecho de que, en el caso concreto de URIBE, esta vez sí hay indicios penales que apuntan directo a su cabeza, como principal responsable, si se tiene en cuenta que, en repetidas ocasiones, el expresidente ha salido a aceptar que ordenó la Operación Orión, incluso justificando sus resultados, pese a las graves denuncias de Desaparición Forzada y crímenes contra personas protegidas por el DIH.
La misma situación legal podría cobijar a quien fuera su ministra de Defensa durante la cruenta toma militar, la exvicepresidenta MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, pues desde su despacho era la jefe de las Fuerzas Militares y estaba facultada para aprobar o desaprobar operativos de semejante envergadura. En este caso, los autorizó.
El hoy alcalde de Medellín FEDERICO GUTIÉRREZ, otro de los «mimados» del uribismo, pese a su catastrófica derrota electoral en la pasada campaña presidencial, también queda en el radar de la JEP y las posibles responsabilidades penales que se deriven de estos hallazgos, pues en esa época, siendo alcalde la ciudad por primera vez, no solo avaló el operativo contra la Comuna, sino que los justificó por sus «buenos resultados».
Un abogado penalista consultado por este portal, explicó que lo primero que debe ocurrir, es que la propia JEP los cite a entregar explicaciones, mostrándoles la opción de que se acojan y acepten su responsabilidad y se comprometan a resarcir daños y pedir perdón a las familias de las víctimas fatales y de los que aún siguen desaparecidos. En caso de que se nieguen a hacerlo, los procesos pasarán a la Justicia Ordinaria, que podría juzgarlos y emitir condenas de hasta más de 30 años por Homicidio en Persona Protegida (Civiles desarmados) y Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado.