En Cúcuta, una ciudad del norte de Colombia, la situación de inseguridad se ha vuelto cada vez más preocupante. Uno de los problemas más graves es el accionar del llamado «tren de Aragua», un grupo delictivo que se dedica a extorsionar a los comerciantes de la zona.
El «tren de Aragua» es una banda criminal originaria del estado de Aragua en Venezuela, que se dedica a la extorsión, el robo y el secuestro. Su presencia en Cúcuta es una muestra más de la grave crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Venezuela, y que tiene efectos directos en Colombia.
Pero no contentos con la extorsión, los miembros del «tren de Aragua» también han recurrido a la violencia para amedrentar a sus víctimas. Anoche, por ejemplo, lanzaron una granada en una peluquería del centro de la ciudad, causando daños materiales y sembrando el pánico entre los vecinos.
Ante este panorama, muchos se preguntan dónde está la policía. La respuesta, desafortunadamente, es que no está haciendo lo suficiente para proteger a los ciudadanos. La falta de recursos, la corrupción y la falta de coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad son algunos de los factores que explican la situación.
En Cucuta, el tren de Aragua está extorsionando a todos los comerciantes, anoche lanzaron una granada en una peluquería, en pleno centro de la ciudad.
Y la policía, bien gracias! 😒 https://t.co/PxhR1JeaCw— El Rodry (@ElRoRodry) February 24, 2023
Es necesario que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los habitantes de Cúcuta. Esto implica no solo aumentar la presencia policial en las zonas más afectadas, sino también mejorar la capacitación y equipamiento de los agentes, así como fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad pública.
La situación en Cúcuta es solo un ejemplo de la compleja realidad que enfrentan muchas ciudades de América Latina, donde la delincuencia organizada y la falta de respuesta efectiva por parte del Estado generan un clima de inseguridad e impunidad. Es necesario que se tomen medidas concretas para revertir esta tendencia, y garantizar a los ciudadanos el derecho a vivir en un entorno seguro y pacífico.