ASESINO, CRUEL Y DESPIADADO, podrían ser los calificativos para definir hoy al ex comandante del Ejército, Grl (r) MARIO MONTOYA, luego de escuchar las conclusiones a las que llegó la Justicia Especial para la Paz (JEP), que lo acusó y halló responsable de más de 130 casos de Falsos Positivos, es decir civiles que fueron asesinados a mansalva y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, con la finalidad de aumentar las cifras de la lucha antisubversiva, durante el gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ.
Durante una audiencia pública, que fue transmitida en directo para todo el país, la JEP detalló uno a uno los aberrantes casos, en boca de las familias de las víctimas y las confesiones de algunos de los militares que hicieron parte de semejante máquina criminal, que ha sido rotulada como un claro ejemplo de «Crímenes de Lesa Humanidad».
Más allá de los desgarradores testimonios y de las pruebas documentales, la JEP pudo demostrar que entre las 130 víctimas, se encontraban 16 niños adolescentes, que fueron reclutados con falsas promesas de empleo, para hacerlos ir a zonas de orden público, donde eran acribillados por cuadrillas militares, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín, de la cual el general MONTOYA era su comandante.
Con base en las revelaciones de la JEP, se puede concluir que el general MONTOYA contaba con el beneplácito del entonces jefe de Estado, quien no solo lo ascendió y lo nombró comandante general del Ejército, sino que lo condecoró y lo exaltó como un oficial ejemplar.
Montoya era el General «Consentido» de Uribe
Los argumentos de la JEP
Chivas y Crónicas resumió los argumentos más concluyentes de la JEP, con los que justificó la acusación formal contra MONTOYA, a quien, además de acusarlo como AUTOR de los 130 homicidios, lo señaló de haberle mentido al país y a los investigadores, con la clara intención de desviar la investigación.
«Montoya, como comandante de la Cuarta Brigada militar en Antioquia, presionó y permitió una cacería contra inocentes con el único fin de obtener resultados que solo se podían medir en bajas»
«En el oriente antioqueño, el único indicador real eran las bajas y de la mano de ese requerimiento de las bajas venía el rechazo de las capturas»
«Este mismo patrón macrocriminal que encontramos en el oriente antioqueño fue encontrado en Casanare, en Cesar, en Dabeiba, en Norte de Santander»
Condecorado como «Héroe Nacional»
Luego de los excelentes resultados al frente de la Brigada en Medellín., el general MONTOYA fue trasladado a Bogotá, donde además de recibir ascenso a general de tres Soles, su jefe inmediato, el presidente de la República ÁLVARO URIBE VÉLEZ, lo nombró comandante del Ejército, durante una ceremonia en la que además lo calificó como «Héroe Nacional» y lo condecoró con la máxima distinción que ofrece el Gobierno.
La frase «Héroe Nacional», la volvió a repetir el expresidente URIBE en las últimas horas, tras enterarse de la grave acusación de la JEP contra quien es considerado «su pupilo», «su general consentido», quien además fue distinguido como uno de los gestores de la famosa «Operación Jaque», que permitió la liberación de un grupo de secuestrados «de alto nivel» en poder de las FARC.
Esto le dijo Uribe a El Tempo
La JEP tras Uribe y Santos
Durante la rueda de Prensa ofrecida luego de la lectura de los cargos contra el general MONTOYA, los voceros de la JEP fueron cuestionados sobre la posible responsabilidad de los expresidentes ÁLVARO URIBE y JUAN MANUEL SANTOS, en el entendido de que el primero era el jefe supremo de las FM, y el segundo era el Ministro de Defensa de la época, de donde salió una directiva ofreciendo incentivos económicos y laborales a los militares y unidades que más «bajas» de guerrilleros entregaran.
La JEP anunciando la acusación contra Montoya
La vocera de la JEP explicó que, aunque esta jurisdicción especial no es competente para investigar a los presidentes de la República, sí serán escuchados EN DECLARACIÓN, en calidad de testigos sobre esas atrocidades. Pero, advirtió la misma magistrada, la JEP seguirá en su trabajo hasta hacer llegar la Justicia a los altos mandos y funcionarios que hicieron pare de esta horripilante política puesta en marcha por el mismo Estado y sus agentes, contra civiles indefensos y menores de edad. Un atroz capítulo de la historia nacional que, además, empaña más la imagen de Colombia como país violador de los Derechos Humanos.